Airbnb y el resto de plataformas de alquiler vacacional que operan en España se preparan para cumplir con el decreto que les obliga a partir de enero a recopilar datos fiscales de "anfitriones" y "usuarios" para compartirlos con Hacienda. "No hay novedad", explican fuentes del departamento de María Jesús Montero, más allá de la entrada en vigor en la fecha prevista de la orden ministerial aprobada en mayo, y que daba tiempo hasta enero de 2019 para que las empres as se preparasen.
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